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Posición ante el asedio Terrorista

Desde hace más de 42 años Cuba es objeto de una política de agresión sistemática que incluye el terrorismo planeado, organizado, financiado y dirigido desde el exterior.

Las modalidades de terrorismo empleadas contra Cuba han sido en lo fundamental las siguientes:

  • sabotaje o destrucción de objetivos económicos y civiles dentro del país;
  • ataques contra instalaciones costeras, naves mercantes y embarcaciones pesqueras;
  • atentados contra instalaciones, medios y personal cubano en el exterior, incluidas sedes diplomáticas, oficinas de aviación y naves aéreas;
  • intentos de asesinato a sus principales dirigentes;
  • introducción de gérmenes y plagas contra la agricultura y la explotación pecuaria;
  • e introducción de cepas de enfermedades contra las personas, entre otros.

Las actividades terroristas se incrementaron significativamente y adquirieron la categoría de práctica sistemática de la política de hostilidad contra la Revolución Cubana a partir del año 1961, como consecuencia del “Programa de Acción Encubierta contra el régimen de Castro”, aprobado el 17 de marzo de 1960 por el entonces Presidente D. Eisenhower y que fuera proseguido por el Presidente J.F.Kennedy. En ese plan, entre otras cosas, se autorizaba la creación de una organización secreta de inteligencia y de acción dentro de Cuba y para ello se asignaban los fondos necesarios a la Agencia Central de Inteligencia (CIA).

En las últimas cuatro décadas Cuba ha mantenido una posición consecuente, y de principios en la lucha contra el Terrorismo Internacional. Sobre ello ha manifestado la necesidad de fortalecer la cooperación internacional, basada en el respeto del Derecho Internacional, de la Carta de las Naciones Unidas y de los instrumentos internacionales de derechos humanos, de manera que permita prevenir y combatir todos los actos de terrorismo, eliminar sus causas, asegurar la aprehensión, el enjuiciamiento o la extradición de los autores, organizadores y patrocinadores de actos y acciones terroristas, así como de todos aquellos que las apoyan o financian.

Aun antes de la creación de las Naciones Unidas, en diciembre de 1937, Cuba estuvo entre los firmantes de la “Convención para la Prevención y la Sanción del Terrorismo”. Ese documento reafirmaba el principio del Derecho Internacional según el cual “…es deber de todo Estado abstenerse de todo acto destinado a favorecer las actividades terroristas dirigidas contra otro Estado y de impedir los actos por los cuales tales actividades se manifiestan”.

Como muestra de su compromiso internacional en la lucha contra el terrorismo Cuba, ha ratificado o se ha adherido a los 12 Convenios y Protocolos internacionales adoptados en el ámbito de las Naciones Unidas, con lo cual se convirtió en una de las primeras naciones en cumplir con el llamado del Secretario General de esa organización.

En el plano interno este empeño se completó con la aprobación, en diciembre de 2001 durante el Octavo Período de Sesiones de la Quinta Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, la Ley No. 93 Contra Actos de Terrorismo, que tiene como objetivo codificar y sancionar las acciones terroristas y otros hechos relacionados, sobre la base del Código Penal vigente y de los Convenios Internacionales adoptados en el marco de las Naciones Unidas que Cuba ha suscrito sobre esta materia. Esta ley refuerza y actualiza las disposiciones penales vigentes, al prevenir y sancionar los actos cometidos con artefactos explosivos o mortíferos, agentes químicos, biológicos u otros medios o sustancias; la toma de rehenes; los actos contra las personas internacionalmente protegidas; los actos contra la seguridad de la navegación marítima, la aviación civil y los aeropuertos y todos aquellos otros actos que atentan contra la seguridad aérea y marítima, incluidos los que atentan contra la seguridad de las plataformas fijas emplazadas en la plataforma continental o insular. También tipifica y sanciona los actos terroristas cometidos en ocasión del uso de los medios y técnicas informáticas.

Fuera del plano legislativo Cuba ha instrumentado una serie de medidas y acciones en la esfera jurídico-administrativa dirigidas a la prevención y detección de actos de terrorismo y otros delitos internacionales asociados. Entre estas medidas se destacan las instrucciones y resoluciones emitidas por el Banco Central de Cuba para evitar el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, así como las acciones llevadas a cabo por la Aduana General de la República y el Ministerio del Interior en el reforzamiento de la vigilancia y el control para impedir la entrada de elementos terroristas al territorio nacional.

Como consecuencia del terrorismo, el territorio ha sufrido la pérdida de tres mil 478 cubano y miles de heridos, entre ellos dos mil 099 incapacitados permanentemente, debido a la política anticubana de las sucesivas Administraciones norteamericanas desde 1959 hasta el presente.

El gobierno de los Estados Unidos pretende santificar la existencia de un terrorismo malo, atribuido a quien no se pliegue a sus intereses, y un terrorismo bueno, el que se práctica contra naciones, como Cuba, renuentes a aceptar la hegemonía del imperialismo. Tal es el caso de los cinco compatriotas cubanos encarcelados injustamente por el imperio, por el  hecho de luchar contra el terrorismo y la violencia contra su Patria.

Los cinco: Inteligencia contra perfidia

René González Sehwerert, Ramón Labañino Salazar,  Gerardo Hernández Nordelo, Fernando González Llort y Antonio Guerrero Rodríguez, son cinco jóvenes cubanos luchadores contra el terrorismo y defensores de los derechos humanos del pueblo cubano. El Gobierno de los Estados Unidos les acusa por ejercer el derecho de legítima defensa del pueblo cubano frente al terrorismo, por trabajar en defensa del derecho a la vida, al bienestar y al desarrollo de su pueblo.

El gobierno de los Estados Unidos lejos de ajustarse a los pronunciamientos de obligatorio cumplimiento dictadas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aceptada y firmada en 1948 por el gobierno de ese país, y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, aprobado por la ONU en 1966, firmado y ratificado por ese estado, en el caso de los patriotas cubanos se incumplen dichos principios internacionales en materia de derechos humanos, al comprobarse la existencia de numerosas inmoralidades, ilegalidades y violaciones en el proceso tales como:

  • Un jurado los declaró culpables de cargos que nunca fueron probados. Los Cinco fueron condenados por supuesto espionaje contra Estados Unidos, sin que se presentaran pruebas o testimonios que sustentaran daños, perjuicios o violaciones a la seguridad de los Estados Unidos o a los intereses de su pueblo. Hubo testigos que específicamente negaron que ellos hubiesen realizado espionaje, entre ellos el general Clapper, ex-jefe de la DIA, quien concurrió al juicio como experto de la Fiscalía y ex altos oficiales de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, tales como los Generales Wilhelm y Atkeson, el Almirante Carroll y el Coronel Buckner.
  • Violación del Principio del Debido Proceso Legal. Se impusieron sanciones por graves delitos sin haberse presentado una sola evidencia concreta y exacta, violándose el principio de que la Fiscalía debe probar los delitos imputados más allá de toda duda razonable. La defensa se vio constantemente constreñida en su derecho a disponer libremente de la documentación considerada evidencias, para su estudio y examen, dado que fue clasificada bajo la CIPA (Ley de Procedimiento de Información Clasificada). Su desclasificación se produjo de manera arbitraria, dificultando muchas veces el acceso a los abogados de la defensa con la suficiente antelación para una adecuada valoración, al tiempo que no se accedía a varias solicitudes de la defensa para que algunos documentos que resultaban relevantes en el esclarecimiento de los hechos, fuesen considerados como documentos oficiales e incorporados como pruebas.
  • Se permitió a la Fiscalía la manipulación constante de los testigos y se potenció una campaña de prensa dirigida a atemorizarlos, dificultando unas veces, e impidiendo otras, que se pusieran de manifiesto ante el jurado y la Corte, hechos e informaciones que constituyen evidencias favorables a la defensa de los acusados.
  • Condiciones de reclusiones crueles y dirigidas a obstaculizar gravemente la defensa, y que ha ocasionado a los Cinco y a sus familiares torturas y sufrimientos que califican como flagrantes violaciones a sus derechos humanos. Contra ellos se cometieron todo tipo de humillaciones y vejaciones, entre otras, incomunicarlos en celdas solitarias de castigos por largo tiempo y tres de ellos, durante 17 meses, sin contacto alguno con familiares.
  • Malos tratos y tortura emotiva y sicológica contra los familiares de los Cinco jóvenes, por la persistente negativa de visas de las autoridades estadounidenses.
  • Los cinco patriotas fueron juzgados y declarados culpables por un jurado mediante procedimientos, métodos y objetivos de carácter absolutamente políticos y bajo propaganda malintencionada y fraudulenta.
  • En ningún momento desde su detención y durante la celebración del juicio, se les permitió recibir asesoramiento o tener contactos con los representantes consulares del Gobierno Cubano, pese a las obligaciones internacionales asumidas por el Gobierno Federal, al suscribir y aceptar la Convención de Viena relativa a las misiones diplomáticas, sus derechos y aseguramiento de sus funciones.

Los Cinco son prisioneros políticos a los cuales se les niega su condición y se les mantiene sujetos al mismo régimen que con delincuentes comunes, violándose el artículo 8 de las Reglas Mínimas de Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos. Los hechos por los que se les acusa están relacionados con el ejercicio pacífico del derecho de legítima defensa del pueblo cubano frente al terrorismo.

Fuentes:
Torrado Raimund, Fabio. Los patriotas cubanos presos en Miami: sus derechos humanos. Periódico Sierra Maestra.
Nusa Peñalver, Juan Diego. Cuba contra el terrorismo. Una posición diáfana y de principios.
MINREX.Cuba y su defensa de todos los derechos humanos para todos.